El 14 de de agosto el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto (1) que declaraba al estado de Yucatán zona libre de cultivos con organismos genéticamente modificados (ZLOGM), al determinar que es facultad exclusiva de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) establecer dichas zonas.


Durante el gobierno de Peña Nieto, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una Controversia constitucional (2) en contra del Poder Ejecutivo de Yucatán, demandando la invalidez del decreto publicado en el Diario Oficial del estado el día 26 de octubre de 2016.


Apicultores, personas y organizaciones lamentaron la decisión de la Suprema Corte en la que echa para atrás la declaratoria de Yucatán como zona libre de transgénicos (ZLT), que ha sido ícono de la lucha de las comunidades indígenas en contra de la siembra de transgénicos por casi una década.


Es preciso aclarar que esta sentencia no permite la liberación de siembra de transgénicos y exhorta a la SADER a dar respuesta a las solicitudes de declaración de ZLOGM presentadas por diversas comunidades del Estado de Yucatán.


En 2012 más de 2 mil apicultores yucatecos de los municipios de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab comenzaron los trámites que exige el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) demandando la declaración de Yucatán como ZLOGM. Sin embargo la respuesta de la autoridad agrícola federal fue que no existía la normatividad aplicable para dar paso a tal declaratoria por lo que tramitaron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Mérida (3) por la omisión de las autoridades federales.


El Juzgado resolvió de manera favorable a los apicultores, ordenando al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) que realizara una consulta en materia indígena en los municipios y emitiera una nueva resolución, lo que dio pauta para impugnar la resolución del Juez ante un Tribunal Colegiado, quien después de casi tres años otorgó el amparo estableciendo la responsabilidad de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para resolver dicha solicitud.


Desde julio de 2018 está pendiente por parte de la hoy SADER, encabezada por Víctor Villalobos, dar trámite a la demanda de los apicultores: declarar la primera ZLOGM en nuestro país. Hoy más de 2 mil apicultores mayas del estado de Yucatán, personas y organizaciones sociales estamos en espera de una resolución favorable, considerando los impactos sociales, ambientales y culturales que el modelo de producción de soya GM ha tenido en la región peninsular: desde incremento en tasas de deforestación; contaminación de los mantos freáticos por el uso de agrotóxicos, en particular por el herbicida glifosato; contaminación de la miel con polen transgénico que pone en riesgo su calidad de exportación.


Las organizaciones y comunidades subrayaron que esta resolución es una oportunidad para que el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, haga realidad sus promesas de campaña de rechazar la introducción y siembra de transgénicos en todo el país, enviando al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Bioseguridad de OGM para que se prohíban los cultivos transgénicos en definitiva. Asimismo instruya a la SADER y a la CIBIOGEM para que den una respuesta positiva a la solicitud de las comunidades mayas de declarar los 10 municipios de Yucatán como ZLOGM, solicitud que está congelada desde hace 7 años.

Firmantes:
Organizaciones: Asociación Mexicana de Exportadores de Miel (AMEMA), EDUCE, AC, Biopakal, SAPI de CV, MA OGM, Greenpeace México, AC, Meliponario Familiar Balam-Cab, UNORCA Yucatán, Centro de Servicios Educativos y Desarrollo Comunitario, AC, Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas (UNMIC, AC), U Lool Che, cooperativa de apicultores de Jose Ma. Morelos, Q. Roo, Unión de Sociedades Apícolas Ecológicas de Calakmul, U.S.P.R. de R.L. (USAEC), Kabnaalo’on, Colectivo de Atención Comunitaria “Uyutzil Kaj”, Misión de observación de la consulta al pueblo maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada, EDUCE Cooperativa, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, AC (ANEC), Sociedad Mexicana de Producción Orgánica AC (SOMEXPRO), Productos Ecologicos Vida Vida SC de RL de CV, Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género (CIMIGE A.C.), Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria, O.P.", A.C., Guerreros Verdes AC, Campaña Sin Maíz No Hay País, Indignación AC (organizacion de defensa y promocion de los derechos humanos), Grupo de Estudios Ambientales-GEA AC, Asociación de Consumidores Orgánicos, Millones contra Monsanto, Campaña por la Tortilla Nixtamalizada.
Personas: Luis Alberto Cauich (apicultor de Quintana Roo), Anastacio Oliveros López (apicultor), Marcelo Chan Moo (apicultor), Patricia Guarneros, María Consuelo Sánchez, Rodrigo Llanes Salazar (Cephcis UNAM), Gabriela Torres-Mazuera, Silvia Terán (investigadora), Homero Blas (Presidente de SOMEXPRO), Dr. Miguel Concha Malo, Mtra. Ma. de Lourdes García Acevedo, Mercedes López, Patricia Moguel Viveros (Coordinadora de Etnoecología A.C), Elena Kahn, Luisa González de la Vega, Narciso Barrera Bassols (UCCS), Dr. Iván Jiménez Maya (Facultad de Filosofía y Letras-UNAM), Catherine Marielle, Juan Ocaranza, Dr. Alejandro Espinosa Calderón, Dr. Antonio Turrent.

Notas:
Decreto 418/2016.
Controversia constitucional 233/2016.
Expediente 1101/2013.