Hace unos días la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer las observaciones del sector ambiental en su informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta Pública 2013. En general, el desempeño del sector tuvo muchas fallas en temas como cambio climático, protección de costas y procuración de justicia ambiental, que evidencian las deficiencias de las dependencias. Por ello, a falta de cobertura mediática y difusión, vale la pena mencionar algunas de las observaciones.

Según el informe, las acciones realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le permiten a la ASF concluir, en términos generales, que la dependencia no realizó acciones de conducción que permitieran instrumentar la política de mares y costas, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ya que al no proponer una ley de mares y costas para unificar, sistematizar y articular los fragmentos normativos que regulan los distintos aspectos de los ecosistemas marinos y costeros, con el fin de impulsar el desarrollo económico y la calidad de vida nuestro país; ni definir de forma oficial los conceptos de “zona marina”, “zona costera”, “ecosistema marino” y “ecosistema costero” para delimitar el ámbito de competencia de la política de mares y costas, ni formular y ejecutar programas y proyectos de declaratoria de zonas de restauración en aquellas áreas que presentan proceso de degradación, erosión, desertificación, o graves desequilibrios ecológicos y se ubican en la Zona Federal Marítimo Terrestre y en los ambientes costeros, además de no implementar, ex profeso, sistemas de información, no fue posible evaluar el impacto de las acciones de la Semarnat en la preservación, restauración, aprovechamiento sustentable y la protección de los ecosistemas marinos y costeros.

Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tampoco dispuso de una definición legal o institucional de la zona costera, ecosistema costero, zona marina ni ecosistema marino, lo cual limita sus acciones orientadas a cumplir con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi (las cuales son un compromiso internacional de México que deben cumplirse con fecha límite en el año 2020 para evitar la continuada pérdida de biodiversidad que sufre el planeta), ya que no es posible definir e identificar el universo de zonas marinas y costeras, ni priorizar su diversidad biológica y los servicios de dichos ecosistemas para determinar su importancia.

En cuanto a las acciones de preservación de los ambientes marinos y costeros, a once años de haberse adoptado el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, y a cuatro años de establecido el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, no se han fijado metas de corto y mediano plazos, cuantificables que definan la contribución de la Conanp a la conservación de la biodiversidad, ni se han integrado a las estrategias y los planes de acción nacionales para conservar la diversidad biológica; asimismo, al 2013, de 65 Áreas Naturales Protegidas (ANP) con ecosistemas marinos y costeros, el 19.8 por ciento no contó con programa de manejo.

En 2013, la Semarnat hizo 176 solicitudes de opinión técnica para la autorización de impacto ambiental de diversos proyectos, de las cuales en 42 (23.9%) la opinión técnica solicitada no fue respondida. Lo que demuestra también el poco interés de otras dependencias de no revisar, ni emitir sus opiniones hacia los proyectos que pueden afectar ecosistemas en el país, y por consecuencia la falta de información para tomar decisiones importantes.

De 2007-2013, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) identificó en los municipios con frente de playa, 4 mil 673 obras y actividades que no dispusieron de la manifestación de impacto ambiental; a pesar de ello la Procuraduría únicamente solicitó opiniones técnicas a la Semarnat para evaluar la afectación de obras en los ecosistemas costeros en sólo en dos del total. Además, en ese mismo periodo, la Semarnat no elaboró propuestas, ni formuló y ejecutó programas y proyectos de declaratoria de zonas de restauración en aquellas áreas que presentan procesos de degradación, erosión, desertificación o graves desequilibrios ecológicos y se ubican en las Zonas Federal Marítimo Terrestre y en las costeras, y no elaboró estudios para identificar las áreas ubicadas en las Zonas Federal Marítimo Terrestre y en las costeras que presentan estos problemas.

La ASF determinó que en general las acciones realizadas por la Profepa no permiten emitir un pronunciamiento respecto a la contribución de sus acciones de inspección y vigilancia en la mitigación de la contaminación, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el cumplimiento de la normativa ambiental para la descarga de aguas residuales no tratadas y la reducción de la pérdida y degradación del capital natural de los ecosistemas marinos y costeros, ya que si bien la Procuraduría contó con una política de inspección y vigilancia, ésta no específica la atención de estos ecosistemas, por lo que no se pudo comprobar que las acciones de la dependencia se orientan a cumplir con su objetivo de proteger los ecosistemas marinos y costeros del país, a fin de propiciar su sustentabilidad ambiental, y con ello contribuir a su desarrollo sustentable.

En otros temas como cambio climático cabe rescatar que la ASF dice en su informe que en 2013, la Semarnat no estableció metas que permitieran evaluar el porcentaje de la población beneficiada con el “Programa de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático” y tampoco contó con evidencia sobre su contribución a esta problemática que permitiera constatar el porcentaje de cumplimiento de 2013, lo que motivó el incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Así con estas fallas señaladas por la ASF inició la administración de Peña Nieto en materia ambiental. Las aquí mencionadas sólo representan unas cuantas de las observaciones del bajo desempeño en la gestión y protección de nuestras costas por parte de la Semarnat y sus dependencias subordinadas, observaciones que sustentan el hecho de que la degradación de los ecosistemas costeros y la impunidad ambiental continúa.

Fuente: Equilibrio.mx